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Han presentado más de 5.000 demandas ante el Tribunal de Justicia europeo para acabar con la «discriminación» y la «absurda» situación de médicos, profesores o personal judicial que encadenan hasta 30 años de contratos temporales
Funcionarios interinos y temporales han demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la «grave» y «absurda» situación en la que trabajan desde hace 10, 20 o 30 años en la Administración Pública. Se trata de médicos, profesores, informáticos, etc. que en la mayoría de los casos accedieron a su puesto a través de oposiciones que aprobaron sin plaza o de concursos públicos de mérito y que después de muchos años encadenan una situación «discriminatoria» respecto a los fijos con menores retribuciones y sin ninguna estabilidad en el empleo.
Suman unos 800.000 en toda España y esperan que la justicia europea sancione «pronto» a España por la no aplicación de la directiva 1999/70/CE relativa al trabajo temporal que entró en vigor en 2001 y cuyos dos principios fundamentales son la no discriminacion entre el personal fijo y temporal y la prohibición del abuso en la temporalidad sucesiva para evitar la precarización.
El abogado Javier Araúz que lidera la causa ante Europa ha explicado en una comparecencia ante los medios este martes en Madrid que este incumplimiento de la normativa está siendo perseguida por las instituciones de la UE. El letrado ha asegurado que España es el único país de la UE que aún no aplica la directiva y que los niveles de incumplimiento son «patológicos» en cuanto al número de empleados públicos en esta situación como por el número de años que llevan así, incluso llegándose a jubilar siendo interinos.
En la Comunidad de Madrid el 31% de la plantilla de la Administración son temporales, sumando interinos y personal laboral. En el caso de la plantilla de médicos se eleva al 39% y llega al 80% en la categoría de médicos de urgencias hospitalarias. En Andalucía ocurre lo mismo, con una temporalidad del 50% en la Dioutación Provincial de Sevilla o el 48% en el Ayuntamiento de Huelva. En otras regiones como Castilla y León se dispara el número de temporales hasta el 90% de la plantilla total de informáticos de los servicios de salud pública o hasta el 51% en el Hospital Universitario de Ceuta.
Una sentencia «favorable» en tres meses
El colectivo denuncia que a ninguna empresa privada se le permitiría tener 800.000 empleados a los que se les puede despedir libremente sin ninguna indemnización, sin derecho a excedencias y con sueldos más bajos que sus compañeros fijos, como está sucediendo en la propia Administración Pública.
Están convencidos de que la sentencia, que llegará previsiblemente a finales del próximo mes de septiembre o principios de octubre, será favorable y España deberá convertir en fijos a estas miles de personas. Ello puede ocasionar graves problemas para la Administración, ya que en algunos casos ha convocado plazas de oposición para esos meses -como en el Ministerio de Justicia- y si la UE consigue que las 15.000 personas temporales se hagan fijas, habrá otras 15.000 que se acaban de sacar la plaza y que habrá que recolocar en puestos que ya no existirán, explica Araúz.
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