Opinión

Cumplir las esperanzas

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La Constitución garantiza el sistema institucional y normativo en el que se sustentan nuestros derechos y libertades

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprobó en referéndum la Constitución por la que los hombres y mujeres de un país que había padecido una guerra y una dictadura se reconocían ciudadanos libres e iguales en un Estado social y democrático de derecho. La norma con la que trazaron la frontera entre el régimen que padecieron y el que legaban clausuraba una historia que no era resultado de la fatalidad, sino de anteponer la fe religiosa o nacional a las más elementales aspiraciones humanas. Una España que solo fue parte de Europa por padecer sus calamidades retomaba ahora la mejor herencia europea para adoptar un sistema político de tolerancia y de libertad y un concepto de ciudadanía que no abandonaba a nadie a su suerte.

El rotundo desmentido a cualquier determinismo del pasado expresado por los españoles el 6 de diciembre de 1978 en las urnas no fue producto del miedo, sino de la decidida voluntad de no ceder a él.

Por miedo, las leyes de la dictadura seguirían vigentes y la democracia que pugnaba por afirmarse habría cedido a las exigencias del terror. La disyuntiva entre ruptura y reforma considerada entonces no se refería a dos proyectos políticos distintos, uno verdaderamente democrático y otro resignado e insuficiente, sino a dos caminos posibles para alcanzar un mismo objetivo. Fue ese objetivo el que permitió a unos partidos y a unos líderes tributarios de experiencias y convicciones radicalmente opuestas negociar un texto que no imponía la renuncia a ningún programa, sino el compromiso de perseguirlo según las reglas pactadas. La Constitución sometida a referéndum tal fecha como hoy fue la que los constituyentes acordaron, y las razones y los votos ratificaron desafiando las amenazas, no claudicando ante ellas.

La Constitución no puede entenderse como un acuerdo singular y limitado tras cuatro décadas de vigencia. Por el contrario, hablar en estos momentos de la Constitución es hacerlo también del sistema institucional y normativo que ha desarrollado, de los derechos y libertades que garantiza y del progreso económico, político y social que ha acompañado, al liberar unas fuerzas creativas que, siendo individuales, han servido lealmente al interés general. Bajo la Constitución, bajo esta Constitución, España ha ingresado en la Unión Europea, ha llevado a cabo un proceso de descentralización política sin precedentes, ha sido dirigida por Gobiernos de un signo y de otro, ha completado una sucesión en la jefatura del Estado, ha pasado del bipartidismo a una pluralidad de fuerzas obligadas a pactar, ha removido los obstáculos que la tradición moral interponía a la igualdad o ha desarrollado políticas que, como las relacionadas con la conservación del medio natural, no estaban previstas en el momento de ser aprobada. Y aún ha superado con éxito una última prueba: castigar la corrupción, procediendo con la fría imparcialidad que exige la igualdad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, ante la ley.

La reforma de una Constitución que ha mostrado su amplitud más que sus límites no puede ser objeto de debate, puesto que ella misma la reconoce y la regula; otra cosa son los motivos que justifican emprenderla. La actual crisis del sistema político tiene que ver más con los Estatutos de autonomía y con la degradación de los usos políticos iniciada en 1993 que con la norma fundamental aprobada hace cuatro décadas. Cataluña carece de un Estatut que garantice el equilibrio entre el autogobierno y las competencias del Estado central a causa de una reforma poco meditada, y buena parte de las restantes comunidades se rigen por normas que contienen disposiciones incompatibles entre sí y con la jerarquía constitucional. Una revisión federal de la Constitución no dará nada sustancialmente distinto de lo que ya existe, dos listas de competencias de sendas instancias de poder. Pero es deseable emprenderla si bajo su impulso se armoniza el conjunto del sistema y se clarifica el único aspecto que no obedece ni a un modelo federal ni a uno centralizado, sino a una constante y desestabilizadora improvisación: la financiación.

A la altura de 1993 era difícil imaginar que la crispación sería, más que un episodio, el mal que debilitaría el sistema y erosionaría su legitimidad. La crispación no equivale al final del consenso, imprescindible en su momento para establecer las reglas de juego, sino que responde a la idea de que las mayorías legitiman para ejercer sobre esas reglas un poder al que basta la aritmética que lo sostiene. Una aritmética que no implica el liderazgo, algo que sí compromete a explicar las razones por las que deben reformarse las reglas en uno o en otro sentido, de manera que nadie deje de sentirlas como propias.

Debido a la crispación, hoy se hace menos política en las instituciones, abordando los principales problemas a los que sigue enfrentándose el país, que con las instituciones, buscando escorar el sistema de todos hacia las propias posiciones. En los vaivenes que provoca una estrategia que respeta la letra de la Constitución para mejor vulnerar su sentido, la vida pública se convierte en un espectáculo propagandístico donde los líderes pugnan por presentarse como los adalides de su defensa, no como servidores públicos preocupados por desarrollar sus posibilidades.

Si algún antecedente muestra la exacta dimensión histórica del camino recorrido por España desde aquel otro 6 de diciembre de hace 40 años es el discurso con el que el presidente de la República Manuel Azaña se despidió de una vida pública entonces desgarrada por el odio, reclamando simplemente paz, piedad, perdón. El sistema político que los españoles construimos bajo la Constitución, reconociéndonos como ciudadanos libres e iguales, no se conformaba con recordar el pasado, sino que se proponía cumplir sus esperanzas.

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