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A la diplomacia española le falta saber comunicar y seguridad en sí misma

El Ministerio de Exteriores ha detectado el problema: España ha descuidado su diplomacia pública y en los últimos años, con el activismo desplegado por los Gobiernos secesionistas catalanes, sus deficiencias han quedado al desnudo. Aunque el Gobierno de Rajoy bloqueó cualquier intento de reconocimiento internacional, la reputación de la democracia española ha sufrido las consecuencias del choque con el secesionismo, especialmente gracias a las imágenes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ha fallado, por tanto, la acción sobre las opiniones públicas, el mundo económico y empresarial y los medios de comunicación internacionales, que de eso trata la diplomacia moderna, contrapuesta a la diplomacia tradicional, dedicada únicamente a las relaciones con los Gobiernos.

Es dudoso que la respuesta a una estrategia perfectamente diseñada y dirigida sean otros planes del mismo tenor que nunca conseguirán la dedicación ni la intensidad de la militancia secesionista. Puede que tenga alguna utilidad destacar a casi 200 diplomáticos a mejorar la imagen de España, y la tiene, sin duda, crear una Secretaría de Estado dedicada a la acción reputacional, aunque es legítimo preguntarse a qué se venían dedicando los diplomáticos españoles hasta ahora.

La diplomacia no es propaganda. La Generalitat se ha aplicado en los últimos tiempos a desprestigiar la imagen de España, pero no se trata de neutralizarla mediante una imitación de signo contrario. De los déficits mostrados en los últimos siete años deberían deducirse conclusiones menos coyunturales y más estratégicas, que tengan en cuenta los peligros futuros, tanto los internos como los externos, con respuestas eficaces de una diplomacia más segura de sí misma y más adaptada a las nuevas tecnologías y a los retos de la globalización. Es una buena noticia que esos últimos objetivos aparezcan ya claramente diseñados en la nueva estructura de España Global.

Seguro que la diplomacia española, todavía muy amoldada al carácter corporativo que la ha caracterizado históricamente, debe abrirse a nuevos y más flexibles esquemas que permitan incorporar el abundante talento que, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, escapa a la atracción de la acción exterior española y prefiere buscar empresas multinacionales, organizaciones internacionales e incluso organizaciones de un Gobierno secesionista para promover la independencia. Pero el descuido no es únicamente de la diplomacia, ni siquiera de una falta de adaptación a las necesidades de la democracia pública.

No es un problema de la diplomacia pública que se llegara a la convocatoria del 1 de octubre de 2017 en las pésimas condiciones bajo las que se celebró el falso referéndum de autodeterminación. Tampoco lo es que el Ministerio del Interior fabricara exactamente las imágenes que seguían el guion escrito por la cúpula del secesionismo. Poca diplomacia puede hacerse ante este tipo de documentos, de gestión más difícil incluso que la argumentación contra la falaz estrategia que pretende presentar a España como un país en el que hay presos políticos y exiliados. El problema de fondo, que no admite el reduccionismo de una visión propagandística, es de orden político y como tal debe resolverse, con instrumentos políticos.

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